Más de 560.000 personas viven en exclusión social en Canarias a pesar del crecimiento económico
La exclusión es un fenómeno continuado en la estructura social y económica de las Islas, destacando como sus principales motores la falta de acceso a la vivienda y un empleo que ya no protege por su debilidad salarial frente al aumento del coste de la vida.
Canarias se enfrenta a los desafíos de una profunda contradicción como consecuencia del reparto desigual de la riqueza, a pesar de una mejora económica y social: la exclusión persiste y se intensifica como un problema estructural que afecta de manera cronificada a más de 560.000 personas.
Estos datos se extraen del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado con la participación de 180 investigadores de 51 universidades, que analiza la evolución de los niveles de integración y exclusión social de una muestra de casi 12.300 hogares, de los cuales 613 son canarios con representación de todas las islas. Las conclusiones sobre Canarias han sido presentadas este lunes por Thomas Ubrich, miembro del Comité Técnico de la Fundación Foessa, en un acto en el que también han intervenido José Mazuelos, obispo de la Diócesis de Canarias; Eloy Alberto Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense; Juan Rognoni, director de Cáritas Diocesana de Tenerife; y Gonzalo Marrero, director de Cáritas Diocesana de Canarias.
El informe constata con contundencia que no fallan las personas, falla el sistema. Demuestra que la exclusión es un fenómeno continuado en la estructura social y económica de las Islas, destacando como sus principales motores la falta de acceso a la vivienda y un empleo que ya no protege por su debilidad salarial frente al aumento del coste de la vida.
A la cabeza del Estado
Esto coloca a Canarias como la comunidad con la tasa de exclusión más alta del Estado, que afecta a una de cada cuatro personas (25’5%), incidiendo de forma más severa en el 9,2% de la población. La juventud y la infancia, la población extranjera y los hogares sustentados por mujeres concentran los rostros de la exclusión social en el Archipiélago.
Las claves de la exclusión
Una parte importante de la población no logra afianzar su integración a pesar de que la economía ha crecido en los últimos años. En Canarias esa contradicción es especialmente visible: la riqueza se reparte de forma desigual y la exclusión se consolida como un problema estructural y cronificado.
Resulta contradictorio que, por un lado, existan avances: la exclusión severa mejora y, desde 2018, hay 51.000 personas menos en esa situación. Pero, por otro, crece el “suelo frágil”: la precariedad se normaliza y deja a muchas personas a un paso de caer en la exclusión. El informe muestra que el crecimiento económico no se ha traducido en cohesión social y que la vulnerabilidad se alarga en el tiempo.
Vivienda y Empleo, claves
La vivienda es hoy el epicentro de la desigualdad en Canarias, un “derecho fake”. Es la dimensión de la exclusión más extendida y afecta a una de cada tres personas, que presenta algún rasgo de exclusión residencial. El impacto ya es estructural: el sobreesfuerzo en vivienda y suministros empuja a más de 122.000 hogares por debajo de la pobreza severa, y se cronifican situaciones de precariedad residencial: 218.000 personas viven en vivienda insegura y 342.000 en vivienda inadecuada.
Junto a la vivienda, el empleo es el segundo gran factor que empuja a la exclusión social en Canarias. El informe señala una paradoja: se trabaja más, pero disponer de un empleo ya no garantiza estabilidad. El mercado laboral ha mejorado: entre 2018 y 2024 el paro baja seis puntos hasta el 14%. Aun así, Canarias continúa encabezando la tasa de paro más alta del Estado.
En este período, los sueldos no han ganado poder real: el aumento salarial prácticamente desaparece por la inflación (en torno al +2,2% en términos reales). Además, el salario medio en Canarias sigue un 14% por debajo de la media estatal. Con la vivienda cada vez más cara, esa debilidad salarial reduce mucho la capacidad del empleo como “protección”.
En esta tesitura, las medidas de garantía tampoco sirven de escudo a los más vulnerables pues en Canarias el Ingreso Mínimo vital solo alcanza a una de cada tres personas en situación de pobreza severa, una cobertura muy inferior a la media estatal.
Deterioro de las redes de apoyo y la salud
Otro factor que el informe identifica como una herida profunda es el deterioro de las relaciones sociales. En Canarias se está consolidando una estructura relacional cada vez más desigual y erosionada que, en muchos casos, rompe el sostén cotidiano y aísla a quienes más lo necesitan. Los problemas de convivencia y al aislamiento social afectan ya a más de 114 mil personas (13,4%). El conflicto y la soledad se multiplican por tres (17%) allí donde las condiciones de vida ya son más frágiles.
La salud se ha convertido en uno de los espejos más claros de la desigualdad social en Canarias. Uno de cada cinco hogares (22% – 188.000 hogares) sufre exclusión vinculada a la salud en un modelo que funciona a doble velocidad. Mientras el 24% de la población reconoce haber tenido que recurrir a servicios privados por las listas de espera o dificultades en la sanidad pública, el acceso a esos seguros privados es profundamente desigual. El uso del sistema público ha caído 4 puntos desde 2018.
En Canarias casi una de cada cuatro personas (24%) evalúa su salud física como regular o mala, por encima del 20% estatal. Y eso se refleja también en las dificultades para comprar medicamentos o seguir tratamientos por falta de recursos económicos (+8 puntos), afectando a más de 186 mil hogares. Otro dato que destaca el informe es la inseguridad alimentaria, que afecta al 3,7% de los hogares en Canarias.
Los rostros de la exclusión: Migrantes, infancia, juventud y mujeres
La exclusión social en Canarias tiene rostros definidos y repetidos. La exclusión afecta a casi la mitad (48%) de las personas con nacionalidad extranjera. Esta exclusión no es sólo económica: también es cívica y democrática: más de 220 mil personas viven en Canarias en hogares sin derecho a votar ni a ser elegidas.
El segundo rostro es el de la infancia y la juventud. 1 de cada 3 niños y niñas viven en situación de exclusión (34%), frente al 17,5% de personas mayores de 65 años. Criar hoy en Canarias supone un sobrecoste que muchas familias no pueden asumir. Una realidad que determina un impacto intergeneracional grave, pues la juventud canaria afronta un proceso de emancipación marcado por la inestabilidad laboral y un acceso a la vivienda cada vez más restringido.
La exclusión en Canarias también tiene rostro de mujer. La exclusión afecta con mayor intensidad a quienes viven en hogares encabezados por mujeres (30% respecto al 22% de los hogares encabezados por hombres). A la brecha de ingresos se suman la precariedad laboral, la carga de los cuidados de hijos y mayores y también las dificultades de acceso a la vivienda.
El desafío: que nadie se quede atrás
El Informe Foessa sobre la realidad de Canarias concluye que la exclusión social que afecta a más de medio millón de personas en las Islas no es una suma de casos aislados, sino un fenómeno estructural continuado en el tiempo al que el sistema no ha ofrecido una respuesta adecuada. Las personas y los hogares en situación de exclusión no permanecen al margen. La mayoría trabaja o busca empleo, se forma, activa redes familiares y comunitarias y participa en itinerarios de inclusión.
Sin embargo, tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se encuentran con dispositivos fragmentados, recursos insuficientes y respuestas poco adaptadas a sus trayectorias reales. El problema no es la falta de iniciativa, sino un sistema que no ofrece apoyos suficientes.
Las soluciones y alternativas no pueden limitarse a ayudas paliativas individuales o puntuales, sino que deben orientarse a la regulación del mercado de la vivienda y el empleo, que actúan como motores de la desigualdad en Canarias.
El desafío que propone el Informe FOESSA y Cáritas es construir un nuevo pacto social que ponga a las personas en el centro y refuerce el Estado del Bienestar. Y eso sólo se logrará con una sociedad civil activa, unas instituciones públicas fuertes y una clase política valiente y comprometida capaz de construir consensos a la altura de los desafíos que enfrentamos para que nadie se quede atrás en Canarias.
